La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y la Jurisdicción Especial Indígena (JEI) realizaron en Popayán la primera diligencia de versión conjunta con 9 comparecientes indígenas que pertenecieron a la Columna Jacobo Arenas de la extinta guerrilla de las FARC-EP, los pasados 27, 28 y 29 de abril. 

En esta diligencia, 9 excombatientes, pertenecientes a comunidades indígenas, realizaron su aporte a la verdad por hechos victimizantes que se estudian en el marco del Caso 05 de la JEP, que prioriza la situación territorial de la región del norte del Cauca y sur del Valle del Cauca. En este sentido, los comparecientes aportaron relatos para esclarecer hechos criminales que incluyen homicidios, desapariciones forzadas, tomas guerrilleras y otras posibles afectaciones de las comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas de esta zona priorizada. 

En dicho espacio participaron también 14 autoridades indígenas con las que se está avanzando en el principio dialógico que implica la construcción conjunta de verdad y, con esta nueva modalidad de diligencias, la JEP resalta el derecho a la libre autodeterminación, la autonomía y el autogobierno de los pueblos indígenas. 

Es importante resaltar que esta versión voluntaria constituye un hito para la justicia de nuestro país, porque implica el trabajo conjunto y articulado de dos jurisdicciones para la garantía de los derechos de las víctimas. Así las cosas, la JEP avanza en conjunto en la coordinación y articulación interjurisdiccional con los pueblos y territorios étnicos del país. 

Conozca más sobre lo que sucedió en esta diligencia en la nota de prensa de la JEP. 

Fuente: Jurisdicción Especial para la Paz. 

Mediante el Auto 75 del 2022, la Sala de Reconocimiento de Verdad y de Responsabilidad de la Jurisdicción Especial para la Paz, determinó que 5.733 personas fueron asesinadas o desaparecidas en ataques dirigidos contra el partido político Unión Patriótica (UP) entre 1984 y 2016, en hechos en los que están vínculados principalmente paramilitares y agentes estatales, que actuaron de manera masiva, generalizada, sistemática y selectiva contra dicha colectividad. La Sala determinó, además, que de ese total, 5.195 eran militantes de la UP y 538 víctimas no eran miembros del partido político, pero fueron asesinados o desaparecidos en hechos de violencia dirigidos en contra del mismo. 

El análisis realizado por la Sala de la JEP arrojó que, de las 5.733 víctimas, 4.616 fueron víctimas de homicidio y 1.117 fueron desaparecidas forzadamente. Con base en esto, la Sala estableció que la violencia contra la militancia de la UP fue prevalentemente letal, dado que aproximadamente dos de cada tres hechos de violencia contra ese partido se concretaron en asesinatos y desapariciones forzadas. No obstante, la Sala determinó también que la violencia no letal estuvo lejos de ser marginal, pues la segunda modalidad de victimización más reportada fue el desplazamiento forzado, con un total de 2.217 víctimas. 

Con los datos mencionados anteriormente, la Sala identificó entonces que en 32 años de violencia contra los miembros de la UP hubo un patrón de violencia sostenida durante 23 años, es decir, entre 1984 y 2007. Adicionalmente, la Sala identificó que durante esos años de violencia los hechos victimizantes se concentran en tres periodos principales, a saber: i) entre 1984 y 1993, con un pico entre febrero de 1988 y enero de 1989; ii) entre 1994 y 1999, con un pico entre abril de 1996 y marzo de 1997; y iii) entre 2000 y 2007, con un pico entre julio de 2001 y junio de 2002. 

Cabe resaltar también que la Sala identificó como regiones más afectadas el Ariari-Guayabero, Magdalena Medio, Urabá, Cundinamarca-Sumapaz y Tolima. 

Conozca más sobre esta noticia en el Comunicado de la JEP.

Fuente: Jurisdicción Especial para la Paz. 

Dando cumplimiento a la estrategia de investigación adoptada en el Caso 01, la Sala de Reconocimiento de la JEP citó a rendir versión voluntaria a 52 antiguos mandos medios de los bloques Noroccidental, Occidental, Oriental, Sur, Magdalena Medio y Caribe de las antiguas FARC-EP, quienes deberán responder ante la Jurisdicción por los hechos que se investigan en el marco de dicho macro caso. Las versiones se llevarán a cabo entre el 21 de junio y el 25 de noviembre de 2022. 

La convocatoria de la Sala contempla que además asistan miembros de varias estructuras de las FARC que, aunque no tuvieron posiciones de mando, pueden aportar a las solicitudes de las víctimas acreditadas. 

En el Auto No. 1 de 2022, la Sala advierte que "esta convocatoria hace parte del abordaje de los hechos y las conductas en su dimensión regional a escala de Bloque de Frentes a través de la identificación de los máximos responsables de los niveles inferiores de la organización armada". En este sentido, estas personas serán quienes deban dar respuesta a las demandas de verdad presentadas por las víctimas del Caso 01. 

Es importante resaltar que, además de las versiones individuales, la Sala de Reconocimiento ordenó también la realización de una nueva fase  de ampliación de versión colectiva por estructuras para responder sobre hechos y demandas de verdad de 18 estructuras de la extinta guerrilla de las FARC-EP. Estas versiones se llevarán a cabo en las mismas jornadas de concentración de versiones por bloque. 

Conozca los nombres de los convocados, la modalidad en la que rendirán versión y la fecha, así como más sobre esta decisión en el comunicado 041 de 2022 de la JEP. 

Fuente: Jurisdicción Especial para la Paz. 

La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP revocó la aceptación de sometimiento del exsenador Julio Alberto Manzur Abdala, debido a que no presentó un compromiso claro de aporte a la verdad en torno al conflicto armado y, por lo tanto, lo excluyó de la Jurisdicción. 

El exsenador Manzur Abdala había firmado un compromiso claro, concreto y programado ante la JEP e, incluso, asistió a versiones de aporte temprano a la verdad. Sin embargo, estas actuaciones no alcanzaron los estándares exigidos por la Jurisdicción en el caso de terceros y agentes del Estado no integrantes de la fuerza pública. Así las cosas, el documento y las declaraciones del exsenador fueron valorados por la Sala y se determinó que no fueron amplios ni exhaustivos, ni tampoco superaban lo probado en la jurisdicción ordinaria por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, especialmente frente a los hechos que se relacionaban con el fenómeno conocido como la "parapolítica". 

Se concluyó entonces que los aportes de verdad que realizó el compareciente no eran relevantes y denotaban falta de seriedad y compromiso con el sistema de justicia transicional. Por lo tanto, el proceso del exsenador continuará en la justicia ordinaria. 

Lea la resolución completa acá.

Conozca más sobre esta decisión en el Comunicado 035 de 2022 de la JEP. 

Fuente: Jurisdicción Especial para la Paz. 

Comenzaron las Audiencias de Reconocimiento de la JEP y, con ello, se activa una nueva etapa en el proceso judicial para que los primeros comparecientes de las FARC-EP y de la fuerza pública, que ya fueron imputados por crímenes de guerra y de lesa humanidad, reconozcan su responsabilidad y aporten verdad plena, detallada y exhaustiva. 

En el marco de estas diligencias, los máximos responsables que ya han sido imputados por la JEP, deberán presentarse ante la Sala de Reconocimiento, las víctimas, las instituciones del Estado y la sociedad colombiana para referirse a los crímenes que se les atribuyen luego del proceso de contrastación judicial. Por su parte, las víctimas podrán manifestar si están o no ante un reconocimiento real. 

Mediante estas audiencias, los comparecientes podrán: i) aportar verdad plena, detallada y exhaustiva; ii) reconocer la naturaleza criminal de los hechos y conductas en las que participaron; y iii) responder a la gravedad de las conductas con el reproche moral que implica el supuesto de abstenerse de justificarlas, reconocer el daño causado, aceptar la responsabilidad y dar cuenta de la voluntad de resarcir y no repetir esos crímenes. 

Es importante recordar que el reconocimiento de verdad y responsabilidad constituye en sí mismo un acto de satisfacción de los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación. En este sentido, es un elemento fundamental del Sistema Integral para la Paz, pues materializa los incentivos condicionados en los que se funda la justicia transicional. 

Las audiencias de reconocimiento del Caso 03 -conocido como el de 'falsos positivos'-, se llevaron a cabo durante el 26 y 27 de abril en Ocaña (Norte de Santander), mientras que la audiencia de reconocimiento del Secretariado de las FARC-EP por su responsabilidad en secuestro se realizará en Bogotá durante el 31 de mayo, el 2 y el 6 de junio. 

Pasadas estas diligencias, si los comparecientes reconocen responsabilidad y, además, aportan verdad plena y detallada, la Sala deberá producir en los siguientes tres meses las respectivas resoluciones de conclusiones, que enviará posteriormente a la Sección de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad del Tribunal para la Paz, quien se encargará de imponer las sanciones a las que haya lugar. 

Conozca más detalles en el Comunicado de la JEP.

Fuente: Jurisdicción Especial para la Paz. 

La Sección de Apelación, que es el órgano de cierre de la JEP, anuló la amnistía que se le había concedido a Marilú Ramírez Baquero, exintegrante de las FARC-EP, encargada de inteligencia y comunicaciones de la Red Urbana Antonio Nariño, que en octubre 2006 instaló el carro bomba que explotó en la Escuela Superior de Guerra en Bogotá. 

Después de revisar los recursos interpuestos por cuatro víctimas de los hechos, contra la decisión que había adoptado la Sala de Amnistía o Indulto en febrero de 2020, la JEP ordenó empezar el trámite de nuevo, pero esta vez garantizando la participación de todas las víctimas que están plenamente individualizadas y que aún no han sido vinculadas al proceso. 

La Sección de Apelación concluyó -de la lectura del expediente judicial- que no se había cumplido con todas las obligaciones tendientes a garantizar el derecho a la participación de las víctimas de las conductas delictivas de Ramírez Baquero. Se concluyó entonces que se trata de, por lo menos, 30 personas que fueron identificadas por la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP. 

Además de lo anterior, para la magistratura, aunque la Sala de Amnistía ordenó notificarlas después de hacer esfuerzos razonables para localizarlas, debió ordenar informarles a través de un emplazamiento y, después de eso, asegurar la representación oficiosa de quienes no comparecieran. A pesar de esto, omitió hacerlo y, por lo tanto, vulneró el derecho de quienes fueron indentificados, pero no localizados. 

Conozca más sobre esta decisión en el Comunicado de la JEP.

Fuente: Jurisdicción Especial para la Paz.