La Sección de Apelación, que es el órgano de cierre de la JEP, anuló la amnistía que se le había concedido a Marilú Ramírez Baquero, exintegrante de las FARC-EP, encargada de inteligencia y comunicaciones de la Red Urbana Antonio Nariño, que en octubre 2006 instaló el carro bomba que explotó en la Escuela Superior de Guerra en Bogotá. 

Después de revisar los recursos interpuestos por cuatro víctimas de los hechos, contra la decisión que había adoptado la Sala de Amnistía o Indulto en febrero de 2020, la JEP ordenó empezar el trámite de nuevo, pero esta vez garantizando la participación de todas las víctimas que están plenamente individualizadas y que aún no han sido vinculadas al proceso. 

La Sección de Apelación concluyó -de la lectura del expediente judicial- que no se había cumplido con todas las obligaciones tendientes a garantizar el derecho a la participación de las víctimas de las conductas delictivas de Ramírez Baquero. Se concluyó entonces que se trata de, por lo menos, 30 personas que fueron identificadas por la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP. 

Además de lo anterior, para la magistratura, aunque la Sala de Amnistía ordenó notificarlas después de hacer esfuerzos razonables para localizarlas, debió ordenar informarles a través de un emplazamiento y, después de eso, asegurar la representación oficiosa de quienes no comparecieran. A pesar de esto, omitió hacerlo y, por lo tanto, vulneró el derecho de quienes fueron indentificados, pero no localizados. 

Conozca más sobre esta decisión en el Comunicado de la JEP.

Fuente: Jurisdicción Especial para la Paz.