El pasado martes 5 de abril de 2022, la Sala Plena del Tribunal para la Paz eligió a Harvey Danilo Suárez como el nuevo Secretario Ejecutivo de la JEP, para un periodo de cuatro años, tras escuchar las propuestas de plan de acción que presentaron los 10 candidatos preseleccionados. 

Es importante recordar que esta elección se dio luego de un proceso de convocatoria pública en la que participaron 40 personas y que fue liderado por un Comité de Preselección, designado por el mencionado Tribunal. A partir de un primer análisis, 20 personas fueron seleccionadas para una entrevista con el Comité, para posteriormente seleccionar a los 10 finalistas. 

Suárez -nuevo Secretario Ejecutivo de la Jurisdicción- es abogado de la Universidad Nacional de Colombia y tiene un amplio conocimiento en planeación y evaluación de políticas públicas de derechos humanos, derecho internacional humanitario, migración forzada, justicia transicional y derechos de sujetos colectivos. Además, es especialista en derechos humanos y candidatos a magister en antropología social de la misma universidad.

Por otra parte, cabe resaltar que se ha dedicado durante los últimos 30 años a trabajar por las víctimas del conflicto armado colombiano. Labor que se evidenció mucho más durante los últimos cuatro años desde su rol como subsecretario ejecutivo de la JEP y secretario ejecutivo encargado, función que asumió en diciembre de 2021. 

Conozca más sobre la experiencia del nuevo Secretario Ejecutivo de la JEP y sobre esta noticia en el Comunicado de la JEP.

Fuente: Jurisdicción Especial para la Paz. 

La Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad llamaron a los miembros del antiguo Secretariado de las FARC-EP, responsables de más de 21.000 secuestros, y a los diez miembros de la fuerza pública y un tercero civil que fueron imputados por el asesinato de, por lo menos, 120 personas en estado de indefensión para ser presentados como bajas en combate en Catatumbo (Norte de Santander), para que participen en las primeras audiencias públicas de reconocimiento que realizará la JEP desde que entró en funcionamiento. 

Así las cosas, durante el 28 y 30 de marzo y el 1 de abril del presente año, en Bogotá, se llevará a cabo la primera audiencia pública de reconocimiento, en presencia de organizaciones de víctimas que han participado en el proceso judicial, las instituciones del Estado y la sociedad civil -que podrán seguir la audiencia en vivo-. Los máximos responsables de las FARC-EP, dentro del Caso 01, tendrán que dar a conocer si reconocen o no su responsabilidad frente al país por el crimen de lesa humanidad de privaciones graves de la libertad y el crimen de guerra de toma de rehenes.

Por otra parte, la segunda audiencia de reconocimiento, se llevará a cabo durante el 21 y 22 de abril. El lugar, la metodología y el programa de la audiencia se están concertando todavía con las víctimas, en el marco del proceso restaurativo que puso en marcha la JEP mediante el Auto 208 de 2021. Sin embargo, es importante resaltar que con esta audiencia se pretende que frente a las víctimas y el país, diez máximos responsables de la fuerza pública -entre ellos un general y 4 coroneles-, además de un tercero civil, imputados dentro del Caso 03, tengan la oportunidad de reconocer su responsabilidad pro el crimen de guerra de homicidio en persona protegida y los crímenes de lesa humanidad de asesinato y desaparición forzada. 

En este sentido, los comparecientes deben pasar del reconocimiento escrito, que presentaron en abril y diciembre de 2021, al reconocimiento público ante la justicia, las víctimas y el país de los crímenes de guerra y de lesa humanidad que la JEP les imputó a través del Auto 019 de 2021 y el Auto 125. Una vez se de el reconocimiento y la verdad plena, detallada y exhaustiva, la Sala deberá producir en los siguientes 3 meses las respectivas resoluciones de conclusiones ante la Sección de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad del Tribunal para la Paz, para que sea este tribunal el que imponga las sanciones correspondientes estipuladas por la Ley. 

Recuerde que las audiencias estarán disponibles para la sociedad civil y se transmitirán por Canal Capital y por la página web de la JEP. 

Conozca más en el Comunicado de la JEP.

Fuente: Jurisdicción Especial para la Paz. 

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) decidió no aceptar la solicitud de sometimiento de Luis Rafael Páez Zambrano, exalcalde encargado de San Antonio (Magdalena), y excluir su proceso de la competencia de dicha jurisdicción, por considerar que su plan de aporte a la verdad fue insuficiente e insatisfactorio. 

Es importante recordar que Páez Zambrano, contra quien se adelanta un proceso en la justicia ordinaria por concierto para delinquir agravado, peculado por apropiación en beneficio de terceros e interés indebido en la celebración de contratos, suscribió un acta de sometimiento ante la JEP el 22 de noviembre de 2018 en calidad de agente del Estado no miembro de la fuerza pública. Sin embargo, la solicitud no fue aceptada mediante una decisión que se adoptó el 17 de octubre de 2019 y se le solicitó al exalcalde (e) una ampliación del proyecto de aporte presentado, la cual se presentó en marzo de 2020.

A pesar de lo anterior, para la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP estos compromisos no son suficientes y, por ende, decidió no aceptar el sometimiento y excluir a Páez Zambrano de la competencia de la Jurisdicción Especial para la Paz. Sobre esto, se resaltó que los aportes que realizó fueron "vagos, sin sustento y denotaron una clara ausencia de exhaustividad". Además, tampoco se hizo alusión a "hechos o personas, más allá de datos que son de conocimiento público, por lo cual no se superó lo demostrado en su contra en la jurisdicción ordinaria", que -cabe resaltar- es el umbral exigido en la justicia transicional. 

Así las cosas, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, ordenó al Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Santa Marta que, una vez quede en firme la decisión, continúe con el trámite correspondiente en la jurisdicción ordinaria. 

Conozca más sobre esta decisión en el Comunicado 024 de la JEP. 

Fuente: Jurisdicción Especial para la Paz. 

La Sección de Apelación de la JEP ratificó que el general (r) Miguel Maza Márquez tiene la obligación de aportar verdad plena ante esta Jurisdicción, tras resolver un recurso interpuesto por el oficial retirado, a quien la Sala de Reconocimiento de Verdad le negó la solicitud de rendir versión escrita dentro del Caso 06 (victimización de miembros de la Unión Patriótica) y, en cambio, le ordenó presentarse en la diligencia judicial. 

El general (r) Maza Márquez no asistió a la diligencia a la que fue citado en las instalaciones de la JEP el pasado 23 de noviembre de 2021, argumentando que tenía quebrantos de salud por su avanzada edad y, por ello, solicitaba presentar su versión en forma escrita. 

Es importante recordar que tras aceptar el sometimiento a la JEP, Maza Márquez está en la obligación de superar el umbral de verdad ya establecido por la justicia ordinaria respecto de su alianza con grupos paramilitares en el Magdalena Medio, la cual ya fue acreditada. Por lo tanto, para la Sección, lo mínimo que pueden esperar la JEP y la sociedad es que asista o concurra a las diligencias, en cumplimiento del deber que tiene de aportar a la verdad plena. 

Por otra parte, para la magistratura de la mencionada jurisdicción, ordenar al INPEC, a la Policía Nacional y al centro de reclusión en el que se encuentra el compareciente su traslado para que participara en la audiencia programada no trasgrede los derechos fundamentales al debido proceso, defensa y no autoincriminación, ni tampoco constituye ningún tipo de coacción psicológica proscrita por la Constitución Política, pues una cosa es asistir a la versión voluntaria y otra, muy distinta, es atribuirse o adjudicarse a sí mismo responsabilidad. 

La presencia de Maza Márquez es fundamental, pues ha sido mencionado en 10 informes distintos recibidos por la Sala de Reconocimiento en el marco del Caso 06. Por lo tanto su versión oral constituye una oportunidad real y material de tomar posición o postura frente a las correspondientes alusiones a su nombre y participar en el marco de un proceso dialógico deliberativo. 

Conozca más sobre esta decisión en el Comunicado de la JEP.

Fuente: Jurisdicción Especial para la Paz. 

La Sección de Ausencia de Reconocimiento de la JEP, después de verificar la inexistencia de una estrategia institucional para prevenir la violencia de los grupos delincuenciales que están afectando la reincorporación de los firmantes del Acuerdo Final de Paz, le ordenó al Alto Comisionado para la Paz activar las competencias de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad (CNGS) y adoptar el plan de acción para combatir y desmantelar dichas organizaciones armadas ilegales. 

En el marco de una audiencia de seguimiento al funcionamiento de la CNGS, la Sección le solicitó a la Procuraduría iniciar las investigaciones disciplinarias a que haya lugar, toda vez que pasados cinco años de creada esta Comisión, aún no cuenta con un reglamento interno de trabajo y, por lo tanto, no se ha podido crear una política encaminada a combatir los grupos armados organizados al margen de la ley que afectan el proceso de reincorporación. 

Cabe resaltar que, de acuerdo con el balance que entregó la Sección, 306 firmantes del Acuerdo han sido asesinados, incluidas 10 mujeres, entre las cuales se encuentra una mujer indígena del Cauca. Alejandro Ramelli, Presidente de la Sección, concluyó en la audiencia que "la lucha contra las organizaciones criminales responsables de homicidios y masacres no logra impactar con efectividad en la prevención y mitigación de las violencias". 

Conozca más sobre esta decisión en el Comunicado 018 de 2022 de la JEP. 

Fuente: Jurisdicción Especial para la Paz. 

El pasado 17 de febrero, tras un encuentro con el presidente de la República, Iván Duque, quien visitó la sede de la Corte Penal Internacional (CPI) en La Haya, el fiscal de esta Corte, Karim Khan, celebró los avances alcanzados por la Jurisdicción Especial para la Paz en los últimos meses y resaltó que desde su visita a Colombia se han dado grandes progresos. Además, destacó en una rueda de prensa que la JEP está logrando importantes resultados. 

Así las cosas, resaltó que 21 integrantes de la fuerza pública reconocieron su responsabilidad por los delitos que cometieron; que se están juzgando los falsos positivos en el Caribe y Norte de Santander; y que personas de alto rango han aceptado su responsabilidad. Adicionalmente, destacó el reconocimiento de responsabilidad por parte de seis comparecientes del Frente 34 de las FARC-EP en la masacre de Bojayá, perpetrada en 2002, y elogió los progresos que ha realizado la JEP en lo que respecta a la investigación de los crímenes sexuales y de género que sucedieron durante el conflicto armado. 

Es importante mencionar que el fiscal de la CPI aseguró que Colombia es un caso emblemático y pidió que la JEP sea apoyada por diferentes sectores de la sociedad. En este sentido expresó que "aunque todavía prevalecen problemas y dificultades de algunos, en noviembre, cuando el secretario general de Naciones Unidas fue a conmemorar el quinto aniversario del Acuerdo Final de Paz se trató de una acción positiva y debemos seguir trabajando juntos para que el pueblo de Colombia pueda llegar a ese destino final de la justicia". 

Conozca más sobre las declaraciones del fiscal en el Comunicado de la JEP.

Fuente: Jurisdicción Especial para la Paz.