Después de conocer las circunstancias y algunos de los patrones que rodearon el homicidio de 35 firmantes del Acuerdo de Paz, que habían solicitado ante la Unidad Nacional de Protección (UNP) activar su ruta de protección, la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad de la JEP le pidió a la Procuraduría General de la Nación que investigue las posibles fallas que se cometieron y que pueden estar afectando el mandato constitucional de ofrecer garantías de seguridad a esta población.
Además de lo anterior, tras concluir una audiencia de seguimiento a las medidas cautelares adoptadas por la JEP, los magistrados le solicitaron a la UNP que implemente una metodología de análisis de casos que esté basada en los patrones de victimización. En este sentido, la JEP solicitó a la Unidad abandonar la perspectiva caso a caso y la exhortó a enfocarse en regiones o tendencias y a adoptar medidas correctivas para evitar que los crímenes se repitan. Por otra parte, la magistratura pidió a la UNP asignar las órdenes de trabajo a los analistas que ya conozcan los patrones, con el fin de evitar demoras prevenibles en el trámite de información que se requiera evaluar.
Cabe resaltar que las decisiones tomadas por la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad se tomaron tras ordenar a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP analizar y sistematizar 35 carpetas que contenían en total 2.289 folios. Esta información fue organizada por la etapa en la ruta de protección en la que quedó cada compareciente asesinado, el tipo de medidas adoptadas, el nivel de la implementación y las fechas entre la presentación de la solicitud de protección y su muerte, entre otras variables. Dada esta organización, la UIA informó que en el 26% de los crímenes analizados las víctimas estaban en etapa de estudio de análisis de riesgo y, además, que en promedio transcurrieron 10 meses entre la presentación de la solicitud de protección y el homicidio del compareciente.
Conozca más sobre la decisión de la JEP y esta solicitud en el Comunicado 011 de 2022.
Fuente: Jurisdicción Especial para la Paz.