La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP concedió la suspensión de la diligencia dialógica de aporte temprano a la verdad del exgobernador de Sucre Salvador Arana Sus el pasado 8 de noviembre, después de que un grupo de representantes de víctimas solicitara aplazarla debido a que consideraban que había una posible vulneración a sus derechos, debido a una nulidad sobreviniente. 

Lo que particularmente desató la discusión fue la respuesta que dio el compareciente a la pregunta del magistrado relator sobre cuándo había conocido a Edualdo León Díaz, alcalde de El Roble (Sucre). Arana Sus comenzó a relatar que lo conoció cuando comenzó a hacer campaña a la gobernación en el 2000 y que Díaz lo visitó en su residencia. Esto causó que el grupo de víctimas alegara una posible nulidad, que fue negada por la magistratura; sin embargo, solicitada su revocatoria a la segunda instancia, la Sección de Apelación de la JEP tendrá la última palabra y, por lo pronto, la diligencia quedó suspendida hasta que se tomé la decisión final. 

Cabe recordar que esta diligencia se trataba de la continuación de la que había iniciado el pasado 19 de agosto, después de que Arana presentara su nuevo plan de aporte a la verdad, en el cual -entre otras cosas- desistió de la demanda que había interpuesto ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, aceptó la verdad procesal en relación con las conductas por las que fue condenado por la Corte Suprema de Justicia y ofreció realizar un acto de perdón hacia las víctimas. 

Así pues, una vez resuelto el recurso de apelación, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas retomará el proceso del exgobernador quien fue procesado por concierto para delinquier agravado por colaborar con el Bloque Montes de María de las AUC, peculado por apropiación y falsedad ideológica por desviar fondos de las regalías del departamento de Sucre a grupos armados al margen de la ley y por la desaparición forzada y el homicidio del alcalde de El Roble (Sucre). 

Conozca más sobre esta decisión visitando el Comunicado de la JEP.

Fuente: Jurisdicción Especial para la Paz. 

La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP revocó la aceptación de sometimiento relacionada con los procesos No. 39768, 51161 y 51529, que se surten en contra del excongresista Álvaro Antonio Ashton Giraldo ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía Tercera Delegada ante la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía 29 Especializada de la Unidad de Administración Pública, por los delitos de concierto para delinquir agravado, cohecho por dar u ofrecer y amenaza, respectivamente. La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas igualmente revocó el beneficio de libertad transitoria, condicionada y anticipada que le había otorgado al excongresista en el marco del proceso 39768.

Cabe recordar que mediante Resolución 3602 del 16 de julio de 2019, la SDSJ había aceptado el sometimiento del excongresista como compareciente ante la JEP respecto de los precesos citados y, posteriormente, a través de la Resolución 5070 del 26 de septiembre de 2019, por decisión mayoritaria, se le había concedido el beneficion de la libertad transitoria, condicionada y anticipada.

Durante la actuación el compareciente había presentado su compromiso concreto, programado y claro. De hecho, asistió a varias versiones de aporte temprano a la verdad, surtidas el 13 de septiembre, 24 de octubre y 6 de diciembre de 2019 y el 20 de enero de 2020.

No obstante, la Sala valoró los aportes del excongresista y consideró que fueron insuficientes, vagos y sin fundamento y que, en ese sentido, no cumplieron con los presupuestos exigidos. Incluso, la Sala afirmó que sus aceptaciones de responsabilidad y las explicaciones suministradas ante la JEP no superaron lo que se demostró en su contra en la jurisdicción ordinaria, que es el umbral exigido en la justicia transicional. 

Por lo anterior, la Sala concluyó que el aporte que entregó Ashton Giraldo no es significativo y no conduce de ninguna forma a la construcción de una verdad colectiva. Además, deja advertir la falta de franqueza en sus palabras y su actitud contumaz frente a la poca o casi nula satisfacción de los principios del SIVJRNR. Así pues, se consideró procedente revocar la aceptación del sometimiento y, en consecuencia, la revocatoria del beneficio de libertad transitoria, condicionada y anticipada, motivo por el cual sus actuaciones deberán continuar ante la justicia ordinaria.

Conozca más sobre esta decisión en el Comunicado 116 de la JEP. 

Fuente: Jurisdicción Especial para la Paz. 

La Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad de la JEP ordenó medida cautelar en el cementerio Estación Las Virginias, que está ubicado en zona rural de Puerto Berrío (Antioquia), después de evaluar los hallazgos de la Unidad de Investigación de esta misma jurisdicción que fueron presentados en la audiencia de seguimiento a medidas cautelares ordenadas por la JEP en el cementerio la Dolorosa de Puerto Berrío, realizada entre el 26 y 27 de octubre en dicho municipio. 

La magistratura explicó que la medida fue adoptada debido a que existen lugares en ese cementerio -administrado por la parroquia de Nuestra Señora del Carmen de Puero Berrío- en donde se presume que hay cuerpos de personas desaparecidas.

Adicionalmente, la Sección ordenó la clausura del osario común por un término de seis meses, que podrán ser prorrogables; le prohibió a la parroquia Nuestra Señora del Carmen la exhumación e inhumación de cuerpos en los lugares que ya están identificados; y le ordenó a la Alcaldía de Puerto Berrío un despliegue administrativo que permita proteger los lugares de interés que se citan en el Auto AI-060.

Cabe recordar que en esta zona del país, Puerto Berrío concentra el mayor número de personas dadas por desaparecidas, con un total de 943, que representan el 46% del total de la zona y, en este sentido, desde febrero de 2021 equipos técnico-forenses de la JEP y la UBPD han realizado acciones conjuntas y humanitarias que han permitido recuperar 116 cadáveres que estaban en riesgo por las precarias condiciones de almacenamiento en las celdas de custodia del cementerio La Dolorosa. 

Para conocer más sobre esta decisión lea la nota de prensa de la JEP. 

Fuente: Jurisdicción Especial para la Paz. 

Entre el 26 y 27 de octubre de 2021 la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad de la JEP llevará a cabo una audiencia pública de seguimiento de carácter restaurativo en el coliseo de Puerto Berrío, Antioquia, con la finalidad de recaudar información sobre el estado de las medidas cautelares decretadas en el cementerio La Dolorosa -de ese municipio-, donde se presume que existen cuerpos de personas víctimas de desaparición forzada.

Hay que recordar que el estudio para decretar estas medidas se originó de la petición de protección a lugares donde se presume la existencia de cuerpos no identificados y cuerpos identificados no reclamados de víctimas del conflicto armado realizada por el Movimiento Nacional de Víctimas de Estado (MOVICE), en el Auto AT-009 del 10 de mayo de 2019.

La Sección profirió entonces más de 60 decisiones que le permitieron obtener la información necesaria para adoptar las medidas cautelares y, en este sentido, decretó la protección de 356 bóvedas, 5 osarios y 2 celdas de custodias en el cementerio de Puerto Berrío, el pasado 15 de octubre del 2020. Además, estas medidas fueron prorrogadas por seis meses más, hasta el 20 de abril de 2022, debido a las dificultades para el abordaje total del cementerio.  

Es de resaltar que desde el 31 de enero de este año y hasta la fecha se han recuperado 116 cuerpos de personas no identificadas en dicho cementerio, posibles víctimas de desaparición forzada, que ya fueron entregados al Instituto Nacional de Medicina Legal para continuar con su proceso de identificación. 

En la audiencia deberán rendir cuentas de sus acciones ante la magistratura tanto los equipos técnicos de la JEP y los equipos forenses de la UBPD, como la parroquia municipal, la Alcaldía de Puerto Berrío, la Personería, la Defensoría Regional del Magdalena Medio, la Fiscalía General de la Nación y el Instituto Nacional de Medicina Legal, entre otras entidades.

Para conocer más sobre esta diligencia visite el Comunicado 114 de la JEP. 

Fuente: Jurisdicción Especial para la Paz. 

El fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) Karim Khan, quien ha estado visitando Colombia durante la última semana, firmó en la mañana de este martes 28 de octubre un acuerdo de cooperación con el Gobierno colombiano, con la finalidad de que este organismo internacional no vuelva a abrir una evaluación contra Colombia por graves violaciones de Derechos Humanos (DDHH). En dicho acuerdo el fiscal Khan tomó una decisión clave, pues puso fin al examen preliminar contra el Estado colombiano por graves violaciones de DDHH y crímenes de guerra, que se había iniciado en el 2004, y el Gobierno se comprometió a fortalecer sus instituciones de justicia, en especial la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). 

En el marco de este acuerdo, el Gobierno se comprometió a luchar contra los horroes de la guerra y juzgar de manera eficaz a aquellos que perpetraron estos crímenes, en este sentido, en el primer artículo del acuerdo, el Gobierno colombiano se obligó a seguir apoyando los procesos a que hay lugar en las distintas instancias judiciales interconectadas, entre estas la justicia ordinaria, el sistema de Justicia y Paz y la JEP en cumplimiento de los marcos procesales temporales que están previstos para las mismas. 

Entre otros compromisos adquiridos por el Gobierno están el de seguir informando a la Fiscalía de la CPI sobre todos los avances en las investigaciones y procesos judiciales en Colombia y facilitarle el acceso a toda la documentación que ella solicite y el de asignar el presupuesto necesario para el adecuado funcionamiento de la Rama Judicial, garantizar la seguridad de los jueces, fiscales y comparecientes y fortalecer a aquellas instituciones que tienen funciones de rendición de cuentas, tales como la Fiscalía General de la Nación y la JEP. 

Por su parte, la Fiscalía CPI se comprometió a seguir apoyando todos los esfuerzos que haga Colombia en materia de rendición de cuenta y a participar en programas y proyectos dirigidos a profesionales jurídicos colombianos, para que se familiaricen con los más recientes desarrollos legales de la CPI, particularmente, las decisiones que contienen interpretaciones autorizadas del Estatuto de Roma y sus disposiciones complementarias, siempre que se encuentren en el marco de su mandato y sus recursos. 

Finalmente, hay que resaltar que de conformidad con el Estaturo de Roma la Fiscalía de la CPI podrá reconsiderar su evaluación y decisión en dado caso que las circunstancias en las que se basó cambien significativamente.  

Lea el texto completo del acuerdo de cooperación entre el Gobierno colombiano y la CPI. 

Fuente: Corte Penal Internacional. 

Entre el 19 y el 31 de octubre del 2021 la JEP y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) harán una intervención conjunta en el cementerio del corregimiento de la Unión Peneya, ubicado en el municipio de Montañita (Caquetá), con la finalidad de recuperar cuerpos no identificados de personas presuntamente desaparecidas en el marco del conflicto armado, entre ellos menores reclutados ilícitamente por las FARC-EP. 

La decisión de sumar esfuerzos para dar una respuesta rápida y adecuada a los familiares de las víctimas del conflicto, especialmente a aquellos que todavía buscan a menores de edad, se tomó después de analizar el informe "bajo tierra piden justicia" presentado a ambas entidades del Sistema Integral para la Paz por la RED ADN, en el cual se da cuenta de la probable existencia de víctimas del conflicto armado, algunas de ellas menores reclutadas ilícitamente por las FARC-EP, que estarían inhumadas en condición de no identificados en el cementerio del corregimiento de la Unión Peneya. 

La JEP y la UBPD realizarán entonces las labores necesarias para la recuperación de estos cuerpos, la agilización de su identificación y la posterior entrega digna a sus familiares, incluyendo actividades previas de socialización y pedagogía con víctimas, comunidades y actores sociales.

Conozca más sobre esta intervención en el Comunicado de la JEP.

Fuente: Jurisdicción Especial para la Paz.