El próximo 28 de febrero de 2022, en Bogotá, se llevará a cabo una audiencia de seguimiento a las órdenes impartidas al Alto Comisionado para la Paz, con relación al cumplimiento del Decreto Ley 1454 de 2017, convocada por la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad de la JEP. Lo anterior debido a que el incremento de la violencia territorial y los homicidios de líderes sociales y firmantes del Acuerdo de Paz urgen sumar mayores esfuerzos interinstitucionales alrededor de la implementación de una política pública que contribuya a la desarticulación de las estructuras criminales y sus redes de apoyo.

En este sentido, la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad de la JEP determinó en un auto que se debe realizar una audiencia pública para evaluar los Lineamientos y el Plan de Acción de la política pública y criminal que fue presentado por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz el pasado 19 de marzo de 2021. El funcionario deberá asistir a esta diligencia para explicar los alcances de las decisiones adoptadas por el gobierno y de su implementación. 

Es importante resaltar que, desde el 24 de noviembre de 2016, por lo menos 303 firmantes del Acuerdo de Paz han sido asesinados. La situación de inseguridad es aún más grave en los espacios que fueron dispuestos para la reincorporación y en departamentos como Meta, Antioquia, Chocó, Arauca, Putumayo, Cauca y Valle del Cauca, donde los crímenes han sido cometidos por grupos armados organizados que se disputan el control de los territorios. 

Así pues, durante la diligencia convocada, la JEP pretende evaluar el alcance de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, la articulación de las entidades llamadas a poner en marcha la política, el impacto en la seguridad de los reincorporados y de la población de los territorios más afectados y, además, verificará si se tuvieron en cuenta las observaciones y recomendaciones de los integrantes de la sociedad civil y delegados ante esta comisión. 

Conozca más sobre esta decisión en el Comunicado 010 de 2022 de la JEP. 

Fuente: Jurisdicción Especial para la Paz. 

La Sección de Apelación de la JEP dejó claro que todos los comparecientes, especialmente los agentes del Estado y terceros que ya fueron procesados en la justicia ordinaria, deben presentar planes de aporte a la verdad con compromisos claros, concretos y programados, pues de no hacerlo podrán ser expulsados directamente de la Jurisdicción Especial para la Paz, sin necesidad de que se dé inicio a un incidente de incumplimiento. 

Lo anterior lo advirtió la Sección al resolver dos recursos de apelación dentro del mismo caso. El primero de ellos fue interpuesto por el exsenador Musa Besaile Fayad, quien apeló la decisión tomada el 23 de julio de 2021 por la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, en la que  le negó el beneficio de Libertad Transitoria Condicionada y lo excluyó de la JEP, por no presentar un plan de aportes a la verdad sobre el conflicto armado que fuera claro, concreto y programado, sino que simplemente se limitaba a mencionar nombres y acciones que ya habían sido conocidas por la Corte Suprema de Justicia, en el proceso que se sigue en su contra. 

Por otra parte, la Procuraduría General de la Nación presentó el segundo recurso de apelación, acompañado también de recurso de reposición, alegando que la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas debió dar apertura a un incidente de incumplimiento y no excluir a Besaile directamente. 

Sin embargo, la Sección de Apelación consideró que el aporte que Besaile pudo hacer a la verdad en el conflicto pudo ser mayor, ya que en su condición de Representante a la Cámara por el departamento de Córdoba tuvo conocimiento de la situación de violencia, violaciones de DDHH y otros delitos contra la población civil, cometidos por paramilitares. 

Así las cosas, afirmó que ante la falta de compromiso y el aporte a la verdad, más allá de la conocida por la justicia ordinaria, no siempre se tiene que abrir un incidente de incumplimiento, sino que la JEP puede hacer uso del juicio de prevalencia para devolver los casos directamente a la justicia penal ordinaria. 

Para conocer más sobre esta decisión visite el Comunicado 005 de 2022 de la JEP. 

Fuente: Jurisdicción Especial para la Paz. 

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) anunció la apertura de una sub-línea de investigación dentro del Caso 07 sobre discriminaciones y violencias en contra de niñas y niños con orientaciones sexuales, identidades de género y expresiones de género diversas en el marco del reclutamiento. 

Esta decisión fue tomada en el Auto SRVR-LRG-T-032, en el cual se presentó la caracterización de las 400 víctimas acreditadas a la fecha dentro del macrocaso. En el marco de dicha caracterización, se encontró que 68 de estas víctimas, además de haber sido reclutadas siendo niños y niñas, sufrieron diferentes tipos de violencia sexual y violencia de género. Adicionalmente, la Sala ha recibido los primeros informes y solicitudes de acreditación de víctimas LGBTI que fueron reclutadas. 

Es importante resaltar que, entre febrero y septiembre de 2022, la Sala realizará 81 versiones a exintegrantes de las FARC-EP en el marco del Caso 07; 73 de ellas individuales, 7 colectivas de bloque y 1 nacional con exintegrantes del Secretariado y el Estado Mayor Central. 

Conozca más sobre esta decisión en el Comunicado de la JEP.

Fuente: Jurisdicción Especial para la Paz. 

El despacho del Caso 04 -que prioriza la situación territorial de la región de Urabá- sigue poniendo a disposición pública las diligencias de las versiones voluntarias rendidas por los comparecientes de las extintas FARC-EP.

A través de su canal de YouTube, la JEP publicó las versiones de seis exintegrantes del Frente 34 del Bloque José María Córdoba, quienes durante una audiencia de versión colectiva, que se llevó a cabo en Dabeiba, Antioquia, los pasados 9 y 10 de septiembre de 2021, reconocieron colectivamente su responsabilidad en la masacre de Bojayá y presentaron un mapa con las rutas tomadas en 2002 para llegar a este municipio y a Vigía del Fuerte. 

En respuesta a los reclamos de verdad y responsabilidad, el compareciente Nelson Benites dio a conocer los detalles de los hechos ocurridos en el Cañón de La Llorona durante la década de los noventa y aseguró que este era un corredor estratégico por el cual se movían alimentos, dotaciones y finanzas. Los comparecientes reconocieron también su responsabilidad colectiva en la toma de Uramita (Antioquia), perpetrada el 8 de junio de 1991, en la que fueron secuestrados dos miembros de la fuerza pública y hubo varias afectaciones a la población civil. 

Además, entre los hechos reconocidos, también están las tomas guerrilleras a los puestos de Policía de poblaciones como Santa María la Antigua del Darién en 1987, Balboa en 1989 y Acandí en 1993, ubicadas en Chocó; y San Pedro de Urabá, Antioquia en 1994. Igualmente, los retenes en el Cañón de La Llorona ocurridos en 1991.

Vea el primer día de versiones voluntarias completo. 

Vea el segundo día de versiones voluntarias completo. 

Conozca más en el Comunicado 004 de la JEP.

Fuente: Jurisdicción Especial para la Paz. 

Después de resolver en última instancia una acción de tutela interpuesta por una de las víctimas del atentado al Club El Nogal, de Bogotá, que solicitaba la apertura de un macrocaso específico para ese atentado o, en su defecto, la acreditación de las víctimas de ese hecho en cualquiera de los macrocasos ya abiertos por la JEP, la Sección de Apelación de esta jurisdicción dio un plazo de 30 días hábiles contados a partir del próximo 9 de marzo, para abrir los nuevos macrocasos de la Jurisdicción Especial para la Paz sobre los crímenes cometidos por las FARC-EP, por integrantes de la fuerza pública y otros agentes del Estado, y sobre aquellos perpetrados contra pueblos y territorios étnicos. 

Es importante resaltar que en esta decisión, la Sección de Apelación recordó que por la forma de trabajo de las salas de justicia y de la jurisdicción misma, no se pueden abrir macrocasos para estudiar hechos particulares, sino que deben estar asociados a prácticas y delitos cometidos en el marco del conflicto armado, con una afectación general a la población colombiana, durante un periodo específico de tiempo. Además, aclaró que la tutela no es el medio para solicitar a la Sala de Reconocimiento de la JEP la apertura de un macrocaso. 

Por otra parte, reconoció que aunque la priorización de casos no está sujeta legalmente a términos concretos y que la Sala de Reconocimiento tiene las más amplias facultades para definir su plan de trabajo, todas las decisiones de la JEP están sujetas a un plazo razonable. Por lo tanto, cuando la Sala asume el compromiso de adoptar decisiones sobre la priorización en un término específico, ese plazo es vinculante, y en consecuencia se lo otorgó a la Sala 30 días hábiles contados a partir de la última audiencia con las víctimas (9 de marzo) para decidir y anunciar los nuevos casos priorizados. 

Conozca más sobre esta decisión en el Comunicado de la JEP.

Fuente: Jurisdicción Especial para la Paz. 

La Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) convocó a las organizaciones de víctimas que hayan presentado o estén preparando informes a participar en las audiencias en las que se plantearán observaciones sobre la segunda ronda de apertura de nuevos macrocasos. 

En total se llevarán a cabo cinco audiencias regionales y una Bogotá, siguiendo este cronograma: 

• Medellín: 21 de febrero
• San José del Guaviare: 25 de febrero 
• Valledupar: 28 de febrero
• Cali: 3 de marzo 
• Villavicencio: 7 de marzo 
• Bogotá: 9 de marzo 

Además, en Cali y Valledupar se contará con unas salas alternas para pueblos étnicos. 

En dichas audiencias, las víctimas podrán participar de manera presencial o virtual. Además, a través de sus organizaciones, podrán optar por presentar observaciones por escrito; para estos casos, se enviará un enlace de acceso a un formulario en línea, en el que podrán enviar sus observaciones hasta el 4 de marzo de 2022. 

Cabe resaltar que los nuevos macrocasos que propone abrir la Sala de Reconocimiento serían de alcance nacional, se organizarían en función de los distintos actores e incluirían una multiplicidad de conductas criminales para poder cubrir todos los patrones macrocriminales del conflicto armado. 

Las organizaciones de víctimas podrán inscribirse hasta el 29 de enero en este enlace. 

Conozca más sobre esta convocatoria en el Comunicado de la JEP.

Fuente: Jurisdicción Especial para la Paz.