La JEP aceptó el sometimiento voluntario de Trino Luna Correa, exgobernador de Magdalena, quien fue condenado por parapolítica y se comprometió ante esa Jurisdicción a hacer un aporte a la verdad sobre la alianza que existía entre las AUC y los políticos de su departamento. 

Es importante recordar que Luna Correa fue gobernador de Magdalena entre 2004 y 2007 y la Corte Suprema de Justicia lo está juzgando en 3 procesos como presunto coautor del delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, tras hallar irregularidades en procesos contractuales de entidades del departamento durante el periodo en el que el ejerció como gobernador. Adicionalmente, en el 2007 fue condenado por concierto para delinquir agravado. 

En este sentido, la Subsala A de Conocimiento y Decisión de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas encontró que los aportes de verdad ofrecidos por Luna Correa a la JEP podrían ayudar a esclarecer el fenómeno de la parapolítica en Magdalena, particularmente en lo relacionado con 3 aspectos: i) la captación o cooptación de la administración pública por parte de las AUC; ii) el control político-electoral ejercido en el departamento por esa organización; y iii) el financiamiento y apoyo logístico prestado por actores económicos locales a las estructuras de las AUC. 

Finalmente, se debe tener presente que esta es una etapa apenas inicial del proceso de justicia transicional, motivo por el cual el compareciente deberá continuar ampliando, aclarando y concretando sus aportes a la verdad. Si esto no ocurre, o si la JEP encuentra que el compareciente ha entregado información falsa o ha omitido contribuir a la verdad, el exgobernador podría ser expulsado de la Jurisdicción. 

Conozca más en el comunicado 053 de 2022 de la JEP. 

Fuente: Jurisdicción Especial para la Paz. 

Durante los pasados 21, 22 y 23 de junio se llevó a cabo la primera Audiencia de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en el marco del Caso 01, conocido como el caso del secuestro. Durante estos tres días, el país no solo conoció cómo las FARC-EP ejecutaban los crímenes que se les imputan dentro de este caso y cuales fueron sus modalidades, sino que también vio a los exintegrantes del último secretariado de la extinta guerrilla asumiento la responsabilidad por estos hechos, escuchando las demandas realizadas por las víctimas y comprometiéndose a darles respuestas y reparar el daño causado. 

En la audiencia, las víctimas acreditadas dentro del caso 01 se encontraron frente a frente con los miembros del último secretariado de las FARC-EP, quienes participaron en la aprobación de las políticas y decisiones que hicieron que el secuestro se convirtiera en uno de los flagelos que más daño le ha ocasionado al país. Igualmente, son ellos quienes estando en los mandos más altos no impidieron, ni previnieron, ni castigaron, los malos tratos, la violencia sexual, la tortura, el homicidio, la desaparición forzada y el desplazamiento forzado que se presentaron como consecuencia de las políticas de secuestro que tenía la extinta organización armada. 

En el curso de la diligencia, se presentaron reclamos, insultos y reproches. Sin embargo, también hubo escucha, empatía, perdón y, sobre todo, verdad, el primer paso para restaurar tantos daños causados y para transformar a la sociedad colombiana. 

Lo que sigue después de la audiencia: 

Las víctimas cuentan con un plazo de 15 días para presentar sus observaciones a lo sucedido en la diligencia. Adicionalmente, la Sala de Reconocimiento de la JEP tiene tres meses para evaluar el reconocimiento presentado por los exjefes de las FARC-EP y las observaciones de las víctimas y, posteriormente, determinar en la Resolución de Conclusiones si los comparecientes deben ser remitidos a la Sección de Primera Instancia en Casos de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad o a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA). 

A la Sección de Reconocimiento serán remitidos aquellos comparecientes que hayan asumido responsabilidad y aportado verdad plena, detallada y exhaustiva. Estos serán los comparecientes que pueden acceder a una sanción propia, que puede tener una duración entre 5 y 8 años, implica restricción efectiva de libertades y derechos y serán monitoreados por la Misión de Verificación de la ONU. 

Aquellos comparecientes que no hayan reconocido su responsabilidad, serán remitidos a la UIA y podrán enfrentarse a un juicio adversarial en la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad y de Responsabilidad de los Hechos y Conductas. Estos comparecientes podrían enfrentar sanciones que van hasta los 20 años de prisión. 

Conozca más sobre lo que pasó en la audiencia en el comunicado de la JEP.

Fuente: Jurisdicción Especial para la Paz. 

La Sección de Primera Instancia para casos de Ausencia de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) tomó la decisión de vincular a todos los miembros del Consejo Directivo del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) al trámite de medidas cautelares que se adoptó sobre la colección "Voces para Transformar a Colombia". 

Esta decisión cobija a los ministros de Justicia, Wilson Ruiz; Defensa, Diego Molano; Cultura, Angélica María Mayolo; y Educación, María Victoria Angulo; junto con sus delegados. Igualmente, al director de la Unidad de Víctimas, Ramón Alberto Rodríguez, y su delegada; y a Juan Carlos Martínez Moreno y Gladys Zárate Fierro, representantes de las víctimas ante el Consejo Directivo del CNMH. 

Cabe recordar que las medidas cautelares sobre la colección "Voces para Transformar a Colombia" se adoptaron el 5 de mayo de 2020 mediante el Auto AT 058, con la finalidad de garantizar el derecho a la memoria que tienen los colombianos con respecto al conflicto armado. 

Así las cosas, los miembros del Consejo Directivo cuentan con 3 días hábiles, contados a partir de la decisión, para responder un cuestionario sobre las acciones que se han adoptado para proteger el guión museológico de esta exposición y el cumplimiento de las medidas cautelares adoptadas. 

Conozca más sobre la decisión en el comunicado de la JEP.

Fuente: Jurisdicción Especial para la Paz.

La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la Jurisdicción Especial para la Paz rechazó la solicitud de renuncia que hizo Enrique Alberto Ariza Rivas, en su calidad de agente del Estado no integrante de la fuerza pública, a dicha jurisdicción. 

Es importante recordar que Ariza Rivas fue director del DAS y está condenado por el delito de concierto patra delinquir y violación ilícita de comunicaciones; además, se encuentra investigado por la conducta punible de tortura, por hechos ocurridos mientras ejercía el cargo mencionado anteriormente. 

La Sala rechazó la solicitud de Ariza Rivas basándose en que la JEP proscribe de plano la posibilidad de que los comparecientes voluntarios tengan la facultad de elegir sustraerse de la competencia de esa jurisdicción. Admitir esa facultad afectaría en forma desproporcionada los derechos de las víctimas y comprometería la misión que tanto la Constitución, como las leyes le han asignado a la JEP. 

Conozca más en el comunicado de prensa de la JEP. 

Fuente: Jurisdicción Especial para la Paz. 

La Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP fijó para el próximo 18 y 19 de julio la audiencia de reconocimiento de verdad de los 12 miembros del Ejército Nacional, que fueron imputados por crímenes de guerra y lesa humanidad por el asesinato y desaparición forzada de civiles presentados ilegítimamente como bajas en combate. 

A esta diligencia fueron convocados miembros del Ejército que fueron declarados responsables por su participación determinante en el asesinato de 127 personas en el norte de Cesar y el sur de La Guajira y que hicieron parte del Batallón La Popa entre el 9 de enero de 2002 y el 9 de julio de 2005. 

Es importante resaltar que entre los convocados están: Alex José Mercado Sierra, Carlos Andrés Lora Cabrales, Eduart Gustavo Álvarez Mejía, Efraín Andrade Perea, Elkin Leonardo Burgos Suárez, Elkin Rojas, Guillermo Gutiérrez Riveros, Heber Hernán Gómez Naranjo, José de Jesús Rueda Quintero, Juan Carlos Soto Sepúlveda, Manuel Valentín Padilla y Yeris Andrés Gómez Coronel.

Adicionalmente, en la audiencia participarán las autoridades indígenas kankuama, wiwa y las víctimas acreditadas en el Caso 03: Asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes del Estado; puntualmente, en el subcaso Costa Caribe y sus representantes judiciales, así como la Procuraduría Delegada con Funciones de Coordinación e Intervención ante la JEP. 

Conozca más sobre la decisión en el comunicado 051 de la JEP. 

Fuente: Jurisdicción Especial para la Paz. 

La Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) siguen avanzando en el esclarecimiento de la verdad sobre la desaparición de personas durante el conflicto en las regiones de Urabá (Antioquia) y Bajo Atrato y el Darién (Chocó), mediante acciones realizadas en el marco del Caso 04, que investiga precisamente la situación territorial de la región de Urabá. 

Las labores de estas instituciones buscan focalizar la investigación y la recolección de información sobre un universo inicial construido por la UBPD de 7.281 personas desaparecidas, en 15 municipios de las regiones mencionadas, incluyendo los hallazgos judiciales que ha hecho la JEP dentro del Caso 04, que van a facilitar las acciones humanitarias y extrajudiciales de la Unidad de Búsqueda. 

En este sentido, la información que suministró la JEP a la UBPD incluye una matriz con más de 365 hechos relacionados con desaparición forzada; grabaciones de audiencias de versiones y otras diligencias como el testimonio de Dairo Antonio Úsuga David -'Otoniel'-, así como las entrega por parte de las FARC-EP de un listado de 186 registros de personas desaparecidas en medio de las hostilidades en la región. 

Así las cosas, la Unidad de Búsqueda enriquecerá sus bases de datos del Registro Nacional de Fosas, Cementerios Ilegales y Sepulturas (RNFCIS) y el Universo de Personas dadas por Desaparecidas, que a la fecha ha identificado un histórico nacional de 99.235 reportes, con dicha información más la recolectada por la JEP sobre los cementerios en los territorios priorizados en el Caso 04. 

Lo que se espera es que la JEP y la UBPD construyan una hoja de ruta que permita coordinar sus esfuerzos para la protección de lugares donde se encuentren cuerpos no identificados y que desarrollen acciones humanitarias que garanticen la participación de las víctimas en la formulación por parte de los comparecientes ante la JEP de los Trabajos, Obras y Acciones con contenido Reparador (TOAR) y propuestas de sanción propia, relacionados con estas graves violaciones a los DDHH y al DIH. 

Conozca más en el comunicado conjunto de la JEP y la UBPD. 

Fuente: Jurisdicción Especial para la Paz.