El exalcalde de Cúcuta, Ramiro Suárez Corzo, ahora hace parte de la Jurisdicción Especial para la Paz.

“Yo no vuelvo a participar en política, no volveré a ser candidato en esta vida”. Esta es una de las frases con las que el exalcalde de Cúcuta, Ramiro Suárez Corzo, pidió pista en la Jurisdicción Especial para la Paz, sometimiento que fue aceptado a finales de mayo pasado por la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de este tribunal.

Con esta decisión, Suárez Corzo se convierte en el segundo parapolítico que tendrá que rendir cuentas ante los magistrados de ese tribunal.

La historia del exmandatario ante la JEP se inicia el 6 de marzo de 2017 cuando su abogada manifestó que su cliente tenía la intención de acogerse a la Jurisdicción y en enero de 2018 la defensora solicitó la aplicación del beneficio de la renuncia a la persecución penal, petición que ratificó el 2 de marzo de ese mismo año.

La abogada también elevó la solicitud de que se le concediera la libertad transitoria, condicionada y anticipada al exmandatario. Esto debido a que su cliente purga tras las rejas una sentencia de 27 años, luego de ser hallado culpable de ordenar el homicidio de Alfredo Enrique Flórez (exasesor jurídico de la Alcaldía de Cúcuta), perpetrado el 6 de octubre de 2003 por sicarios de las estructuras paramilitares que sembraron el terror en Norte de Santander.

Esta no es la única investigación que pesa sobre Suárez Corzo. También tiene un proceso que lo vincula por su aparente participación en el asesinato del veedor Pedro Durán Franco (12 de agosto de 2003). En dicho expediente se señala que la víctima fue ultimada por miembros de las AUC “para pagarle un favor” al entonces candidato a la Alcaldía cucuteña.

Sobre estos asesinatos, en poder de la JEP reposa un escrito de Suárez Corzo en el que expresa su compromiso con el esclarecimiento de la verdad “de los hechos, aclararle a la sociedad y al país no solo la verdad de dos homicidios: Enrique Flórez Ramírez y Pedro Durán Franco, sino otros que al día de hoy no saben quién los asesinó, información con la que yo cuento” (sic).

El ventilador que promete encender Suárez Corzo está relacionado con las muertes violentas de Carlos Duarte, Ramiro Agudelo y su esposa. En la página 35 de la resolución conocida por COLPRENSA y en la que se avala el ingreso de Suárez Corzo a la JEP se reseña que el compareciente se comprometió a exponer los responsables directos tanto de estos hechos, así como de las extorsiones y el robo de tierras a campesinos

La JEP publicó en abril pasado la lista de las solicitudes de personas investigadas por parapolítica que pedían ingresar a ese tribunal en calidad de comparecientes. Exgobernadores, exministros, excongresistas, exconcejales y exalcaldes figuraban en ese reporte del que también hacía parte Suárez Corzo, quien en el momento de ser elegido como mandatario de los cucuteños obtuvo 127.800 votos, convirtiéndose en la votación más alta de la historia en ese entonces bajo las toldas del Movimiento Colombia Viva.

Sin embargo, en su candidatura, como advierte la resolución, negoció una especie de apoyo mutuo con los paramilitares que tenían influencia en la región. “Resultado de ese pacto fue la muerte de Pedro Durán como veedor ciudadano y la ayuda que le brindaron las autodefensas, a cambio del ofrecimiento de puestos en la Alcaldía y de un porcentaje en la contratación”.

Partiendo de este contexto, la JEP consideró que Suárez Corzo, como agente del Estado tercero civil no combatiente, tuvo injerencia y participó en acciones delictivas violatorias del derecho internacional humanitario en el marco del conflicto relacionada con la vinculación estrecha entre la clase política y los actores armados.

En la resolución se lee que el exalcalde tuvo una habilidad adquirida en la ejecución de los hechos y que la misma quedó demostrada “en el aprovechamiento o la instrumentalización de las AUC”. Y, junto a ese aspecto, la JEP considera que se comprobó la resolución de Suárez Corzo para cometer los actos delictivos bajo el apoyo del grupo paramilitar.

Pese a que manifestó su voluntad de narrar lo sucedido en los asesinatos ya mencionados, los magistrados reparan que hay dos hechos más que no fueron expuestos por el compareciente. Se trata de los crímenes de Tirso Vélez y José Agustín Uribe Guatibonza (asesor jurídico de la Gobernación de Norte de Santander) cuyas investigaciones también lo mencionan.

Sobre el asesinato del segundo, la resolución de la JEP trae a colación una declaración que entregó Jorge Iván Laverde Zapata, el paramilitar conocido como ‘El iguano’, en la que le preguntan por ese crimen. Bajo la gravedad de juramento contestó que “en ese tiempo se encontraba (el) comandante Gato en la zona. Gato me manifestó a mí, en este caso especial no me consta, que ese fue otro de los favores que le pidió Ramiro Suárez, el actual alcalde de Cúcuta”.

Lo que promete reparar

La JEP estipuló que todo compareciente que pretende aspirar a la justicia transicional debe presentar un programa que incluya las contribuciones a los principios de verdad, justicia, reparación y no repetición. Atendiendo a ello, el paquete de información que su abogada Elisa Peña Ruiz entregó para soportar la petición de sometimiento se encuentra la propuesta de reparación a las víctimas.

El documento quedó consignado como “creación de unidades productivas, creación de escuela deportiva y cultural, becas en formación laboral, convenios con empresas privadas en generación de empleo en beneficio de mil personas víctimas del conflicto armado en condición de vulnerabilidad o en condición de discapacidad en la ciudad de Cúcuta”.

Sin embargo, los magistrados enfatizaron que los hechos de reparación simbólica presentadas por el compareciente deben ser de conocimiento de las víctimas y deben ser adoptadas en un escenario dialógico, progresivo y gradual que respondan a las necesidades y expectativas, pues es la centralidad de las víctimas uno de los principios rectores de la JEP.

Aunque la aceptación ya está en firme, los magistrados le recuerdan a Suárez Corzo que “el compromiso programado presentado debe ser ajustado y complementado, siguiendo los parámetros”. Tales parámetros, incluyen, entre otros, determinar de manera detallada patrones delictivos o de macrocriminalidad de los que se tengan conocimiento, en especial, crímenes de lesa humanidad o de guerra.

También deberá, dice la JEP, “indicar vínculos entre agentes del Estado y otros grupos armados ilegales en la región e indicar alianzas que permitieron el control burocrático de entidades estatales, la afectación de procesos electorales, entre otras conductas delictivas por parte de los grupos paramilitares”.

Si, como dijo aseguró el exmandatario, se compromete a contar la verdad, sus declaraciones ante los magistrados de la JEP levantarán una tormenta política y judicial no solo en la región sino en todo el país.