El gobierno nacional tendrá cinco días para examinar la información; una vez la estudie deberá ser remitida a la Jurisdicción Especial para la Paz para que se conceptúe.

A continuación, se realiza una transcripción de la noticia publicada por SEMANA. Todo el texto y las imágenes fueron tomadas de su página web.

Antes de que se cumplieran los 60 días reglamentarios para que Estados Unidos formalizara la solicitud de extradición del exjefe guerrillero Jesús Santrich, las autoridades colombianas recibieron las 244 páginas que contienen la información necesaria para activar el trámite. 

En la tarde de este jueves, la Cancillería colombiana recibió de Estados Unidos la solicitud formal que da cuenta de presuntos delitos de narcotráfico, que habrían sido cometidos con posterioridad a la firma del acuerdo de paz con las Farc. El Ministerio de Relaciones Exteriores deberá compartir esta información con la Fiscalía y con el Ministerio de Justicia, que tendrán cinco días para examinar la documentación. 

Pasado este termino, la solicitud de Estados Unidos tendrá que remitirse luego a la Justicia Especial para la Paz a fin de que emita un pronunciamiento sobre el tema. Los términos en que se emitirá el concepto por parte de esta jurisdicción despertó controversia, teniendo en cuenta que el procedimiento todavía no ha sido reglado por el Congreso. En una interpretación de los acuerdos de paz, los magistrados se dispusieron a iniciar los estudios y para hecerlo suspendieron el trámite de extradición de Santrich y le pidieron a la Fiscalía información sobre la captura. 

Estas medidas fueron criticadas por varios sectores, que le pidieron a la JEP restringirse a evaluar si la fecha en la que supuestamente se cometieron los delitos de narcotráfico fueron con posterioridad a la firma del acuerdo de paz. 

Para dar respuesta a esta controversia hay dos vías abiertas que tendrán que emitir sendos pronunciamientos en los próximos días: de un lado está la Corte Constitucional en donde cursa una tutela de Santrich y un recurso de la Fiscalía, ambos, plantean un conflicto de competencias entre la jurisdicción ordinaria y la especial. Por otro lado, avanza en el Congreso la ley de procedimiento de la JEP, que debe establecer las reglas en este campo y está a dos debates de ver la luz. 

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