¿Qué piensa el empresariado colombiano respecto a la columna vertebral del proceso de paz?

Consejo Gremial

Santiago Castro, presidente del Consejo Gremial Nacional y de la Asociación Bancaria, fija en la siguiente entrevista su posición sobre el estatuto que cursa en el Congreso y reglamenta la justicia especial para la paz (JEP).

¿Qué observación concreta tienen sobre el estatuto para la JEP?

Lo que estamos puntualizando es que la JEP se creó principalmente para los combatientes y de manera excepcional para los terceros responsables. Y creemos que no se puede utilizar como una patente de corso para poder involucrar a todas las personas que crearon, por ejemplo, organizaciones cívicas. Por eso estamos buscando que la JEP no sea utilizada para cacería de brujas.

¿La JEP puede juzgar a ganaderos y empresarios comprometidos?

Sí. Pero cuando vemos las amenazas de un dirigente de las Farc como Carlos Lozada, miembro del secretariado, que nos está anunciando que quiere llevar a toda la sociedad civil y especialmente al sector privado a la JEP, pues creo que quedan completamente fundadas nuestras preocupaciones. Mire el tuit que nos enviaron: “Si las Farc antes de hacer política deben pasar primero por la JEP, el Consejo Gremial debe cerrar sus negocios hasta que haga lo propio”.

¿Para usted qué significa eso?

Pues nos está amenazando y de manera atrevida está equiparando una organización criminal como las Farc con el empresariado. Por eso, industriales, comerciantes, ganaderos, agricultores no pueden terminar metidos por múltiples denuncias a la JEP porque se llega a un estado, que es el que las Farc quieren, donde todos somos delincuentes y todos hemos participado en excesos.

¿Está usted diciendo que la empresa se siente amenazada por la JEP?

La empresa privada se siente en peligro de que a través de denuncias de alguna organización ante la JEP se busque abrirles procesos a terceros, acusándolos de responsables del conflicto desde el sector privado. Estamos de acuerdo con el señor Fiscal y con el esfuerzo que están haciendo los ponentes y el Gobierno para blindar de todas las formas posibles a la JEP. Es eso lo que pedimos, para evitar el abuso.

¿La JEP, entonces, supone un peligro para el sector privado?

Sí. Hay que buscar que tenga todos los seguros para impedir que se abuse de ella. Además, el peligro económico que eso conlleva. Seguro muchas personas que van a llevar allá o a las que les abran procesos al final demostrarán su inocencia, pero lo van a hacer después de un proceso en el que quedan marcados, y el efecto de mala reputación se puede traducir en contra de sus negocios y sustento. Y pues ya estamos advertidos, nos lo dijeron de frente.

El Gobierno ha dicho que la JEP no va a ser una cacería de brujas y que solo investigará a empresarios que hayan financiado masacres...

Sí, y entendemos que eso es lo que quiere el Gobierno.

¿Entonces por qué afirma que la JEP es un peligro?

Solo el hecho de empezar a llamar a personas inocentes a la JEP y que puedan tener procesos abiertos en la justicia ordinaria les puede causar un daño económico y en su reputación. Es un peligro muy grande. Repito: la JEP debe ser para los combatientes y, de manera excepcional, para terceros responsables.

¿A qué adjudica que las Farc ataquen sus observaciones?

Es que ha despertado la ira de los señores de las Farc nuestra opinión de que ellos no pueden ejercer sus derechos políticos hasta que hayan tenido un fallo y estén en el proceso de reparación y en el cumplimiento de su pena; entre otras, porque si vemos las declaraciones de la fiscal de la Corte Penal Internacional, Fatou Bensouda, ella hace una diferenciación entre lo que es la reparación y lo que es la pena: la reparación no los exime de una pena y esa pena puede ser reducida, pero tiene que ser real y efectiva. Entonces, decir que van a ejercer sus derechos políticos cuando en muchos casos ni siquiera han sido juzgados, es una burla para el país. Entendemos y acogemos la indignación nacional, que es nuestra indignación.