De los reparos hechos por Néstor H. Martínez, 15 fueron aceptados por el ponente. Por causa de las alertas de la Fiscalía, la reglamentación de la Justicia Especial para la Paz (JEP) en el Congreso va a cerrar las puertas para que el sistema no termine dando pie a trampas en contra del Estado y de las víctimas.

Este miércoles, en el debate conjunto de las comisiones primeras de Cámara y Senado, el fiscal Néstor Humberto Martínez presentó 15 reparos al proyecto que fueron aceptados por el ponente de la iniciativa, el representante a la Cámara Hernán Penagos. En consecuencia, van a quedar integradas en un nuevo texto.

“Las listas de reinsertados hay que cerrarlas, porque ya sabemos cuáles son, no sigan metiendo gente porque se presta para temas pecaminosos”, advirtió el fiscal Martínez. Dijo, además, que esas trampas, que han sido denunciadas por los medios, representan “un fraude procesal”.

Tras esa alerta, desapareció de la ponencia parte de un artículo que permitía a los delegados de las Farc incorporar extemporáneamente a algunas personas a las listas de desmovilizados. Se estableció expresamente que los registros entregados hasta el 15 de agosto son “inmodificables”.

También quedó aclarado plenamente que los integrantes de la guerrilla que decidieron hacerle conejo a la paz no podrán recibir ningún beneficio de los acuerdos. La redacción original daba pie a interpretaciones. Así, los tramposos podían argumentar que sus delitos antes de irse a la disidencia quedaban en la JEP, con la posibilidad de penas alternativas, y los posteriores, en manos de la justicia ordinaria.

Igualmente, se incluyó en el articulado que uno de los incumplimientos graves de los acuerdos será no suministrar la información que permita identificar e individualizar a los testaferros, tema en el que también había vacíos.

Martínez ha sostenido que tiene identificados a por lo menos cien testaferros de la guerrilla que tienen a su nombre propiedades que no están en la lista de bienes entregada por las Farc.

En el tema del delito continuado vinculado al tráfico de droga, el fiscal Martínez advirtió que “Colombia no admite vínculos de los desmovilizados con el narcotráfico” y le pidió al Congreso que envíe un mensaje contundente “para impedir que personas que habiendo hecho tránsito a la legalidad sigan desarrollando narcotráfico”. Así las cosas, los desmovilizados que siguen vinculados al cultivo de coca o procesamiento de droga después de la entrada en vigencia del Acuerdo también perderían los beneficios.

En el debate, el Fiscal señaló que sus observaciones “no están inspiradas en hacerle daño al proceso, sino en asegurar que quede bien hecho el sistema”.

Ahora, en manos del Congreso está la aprobación de la ley reglamentaria, cuyo trámite se anticipa complicado.

Justo este miércoles también se conoció la decisión del Partido Cambio Radical de que “no votará la Ley Estatutaria que reglamenta el Acto Legislativo de la JEP, por considerar que esta iniciativa premia de manera significativa y desequilibrada a los miembros de la desmovilizada guerrilla de las Farc”. La decisión fue tomada luego de una reunión entre el director del partido, Jorge Enrique Vélez, y los congresistas de las comisiones primeras.

El partido, del que ha sido jefe natural el candidato presidencial Germán Vargas Lleras, señaló que sus reparos a la Jurisdicción Especial para la Paz también lo llevan a “rechazar, de manera categórica, la composición del Tribunal Nacional de Paz”.