El 18 de enero de 2019 se cumplen tres décadas de la masacre de La Rochela, lamentable episodio de la histórica violencia contra miembros de la Rama Judicial colombiana.

A continuación, se realiza una transcripción de la noticia publicada por Ámbito Jurídico. Todo el texto y las imágenes fueron tomadas de su página web.

Hoy, 18 de enero, se cumplen tres décadas de la masacre de La Rochela, lamentable episodio de la histórica violencia contra miembros de la Rama Judicial colombiana, una situación que no ha sido excepcional en el marco del conflicto armado.

El Centro Nacional de Memoria Histórica ha calculado que entre 1979 y 1991 un promedio anual de 25 jueces y abogados fueron asesinados o sufrieron algún tipo de atentado.

En 1989, el Magdalena Medio fue el escenario. Funcionarios judiciales realizaban una diligencia probatoria en el corregimiento La Rochela, en el Bajo Simacota (Santander), donde fueron atacados por integrantes de un grupo paramilitar.

Una masacre en la que murieron 12 de un total de 15 funcionarios judiciales. Estas son las víctimas, dentro de las cuales se incluye a quienes lograron sobrevivir al atentado:

-          Mariela Morales Caro.

-          Pablo Antonio Beltrán Palomino.

-          Virgilio Hernández Serrano.

-          Carlos Fernando Castillo Zapata.

-          Luis Orlando Hernández Muñoz.

-          Yul Germán Monroy Ramírez.

-          Gabriel Enrique Vesga Fonseca.

-          Benhur Iván Guasca Castro.

-          Orlando Morales Cárdenas.

-          César Augusto Morales Cepeda.

-          Arnulfo Mejía Duarte.

-          Samuel Vargas Páez.

-          Arturo Salgado Garzón.

-          Wilson Humberto Mantilla Castilla.

-          Manuel Libardo Díaz Navas.

El caso lo estudió la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) por el informe de la Comisión Interamericana (CIDH) que daba cuenta de la negligencia estatal respecto de las investigaciones y la responsabilidad internacional del Estado por no evitar la masacre ni ofrecer garantías judiciales a los familiares de las víctimas. 

Allí recordó que este panorama de violencia generalizada se evidenció, entre otros, con el caso de los 19 comerciantes que investigaba la comisión atacada, cuyos hechos datan de 1987, donde se condenó al Estado y se pronunció sobre la expedición de normas legales en el marco de la lucha contra la guerrilla que propició la creación de grupos de autodefensa que derivaron en paramilitares, y se constató la relación existente con miembros de la Fuerza Pública.

“El Estado, al llevar a cabo o tolerar acciones dirigidas a realizar ejecuciones extrajudiciales, no investigarlas de manera adecuada y no sancionar, en su caso, a los responsables viola el deber de respetar los derechos reconocidos por la Convención y garantizar su libre y pleno ejercicio, tanto de la presunta víctima como de sus familiares, impide que la sociedad conozca lo ocurrido, propicia la repetición crónica de las violaciones de derechos humanos y la total indefensión de las víctimas y de sus familiares”.

Incluso, según la sentencia, se acreditó la falta de diligencia de altos mandos militares (generales Farouk Yanine Díaz y Carlos Julio Gil Colorado y coronel Jaime Fajardo Cifuentes) para capturar a miembros de los grupos paramilitares involucrados en los hechos.

Por ejemplo, agrega, se tardó más de seis meses en capturar al reconocido paramilitar Alonso de Jesús Baquero Agudelo (alias “Vladimir”). Una de las personas que trabajaba para él, Luis Alberto Arrieta Morales, declaró años después ante la Fiscalía que luego de la masacre de los jueces que Vladimir se paseaba sin problema por Puerto Berrío.

Las investigaciones tardaron injustificadamente muchos años, entre trámites en el Tribunal de Orden Público y la Corte Suprema de Justicia, incluyendo los engorrosos trámites de instancia.

El informe "La Rochela. Memorias de un crimen contra la justicia", del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), da cuenta de que la mayoría de acciones violentas contra operadores de justicia fueron perpetradas por miembros de grupos guerrilleros, paramilitares, agentes estatales o narcotraficantes, sumado a la negligencia estatal en la respuesta efectiva frente al crimen.

Medidas de satisfacción

Las medidas acordadas entre el Estado y los representantes de las víctimas consistieron, básicamente, en:

-          Actos de desagravio en favor de la memoria de las víctimas.

-          Publicación de la sentencia de la Corte IDH.

-          Fijación de una placa en el complejo judicial de Paloquemao.

-          Divulgación de los hechos del caso en medios de comunicación de la Rama Judicial.

-          Capacitación en Derechos Humanos en la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP) y becas relacionadas.

-          Investigaciones judiciales que logren esclarecer todos los aspectos de la masacre, entre otras. Medida que, aun hoy, las víctimas consideran no satisfechas.

Lo anterior, además de las reparaciones pecuniarias y obligaciones específicas frente a cada una de ellas. 

Es bueno precisar que los familiares de algunas víctimas han solicitado a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) el análisis y priorización del caso, en vista de que, pese a las condenas en sede interna y la sentencia internacional, no han logrado establecer con certeza quiénes fueron los determinadores de esta masacre, ni sus móviles, por lo que aún no se ha satisfecho la garantía de justicia.

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