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Las audiencias serán públicas: Patricia Linares

14 de marzo 2018

La presidenta de JEP, habló sobre algunos de los puntos más difíciles y polémicos de este sistema.

Patricia Linares, presidenta de la Justicia para la Paz, habló con EL TIEMPO sobre algunos de los puntos más difíciles y polémicos de este sistema judicial.

Ante la cantidad de crímenes ocurridos en 53 años de guerra, ¿la JEP tiene claro ya qué casos no puede dejar de investigar, por su gravedad?

No puedo decir que la masacre X o tal, porque el punto de partida nuestro serán los informes que deben enviar la Fiscalía, la Procuraduría, la Contraloría, la Jurisdicción Penal Militar, la Jurisdicción Ordinaria y las organizaciones de víctimas y de derechos humanos.

¿Y cuál será el procedimiento con esos informes?

Ante el volumen de los informes, que pueden contener muchos casos, preparamos un grupo de análisis de 113 profesionales de distintas disciplinas: abogados, forenses, antropólogos, matemáticos, expertos en derecho procesal? Ellos van a analizar según la demanda de cada sala y sección. Solo la Fiscalía, de acuerdo con las reuniones que he sostenido con el fiscal y la vicefiscal, tiene 25 informes.

¿Qué hará la JEP frente a los particulares (terceros) que no acudan de manera voluntaria, si según la Corte Constitucional no pueden ser obligados a comparecer?

Estamos esperando el contenido de la sentencia para conocer su alcance. Nosotros debemos aplicar un marco bastante amplio: la Constitución, la ley penal colombiana, el Derecho Penal Internacional, el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario. En ese marco, y a partir de lo que dijo la Corte, analizaremos casos concretos.

¿Usted ve incentivos para que un particular acuda voluntariamente a la JEP?

Sí, porque la JEP considera sanciones diferentes a la privación de la libertad.

¿Qué destacaría del proyecto sobre las normas de procedimiento de la JEP que debe aprobar el Congreso?

Que garantiza el debido proceso, el derecho a la contradicción y la seguridad jurídica. En algunos apartes se hacen remisiones a la ley ordinaria, por ejemplo a la 906 (actual Código de Procedimiento Penal), pero es una norma que responde a un modelo de justicia restaurativa y que tiene vocación de contribuir a la reconciliación. Las víctimas son el centro, pero también deben honrarse los compromisos con quienes dejaron las armas y con quienes se acogen a la JEP.

¿Qué opina de la decisión del Congreso (pendiente en la Corte) de inhabilitar a los magistrados que en algún momento actuaron como acusadores o defensores en un proceso de violación de derechos humanos?

El Comité de Escogencia (de los magistrados) buscó personas expertas en justicia transicional, en derechos humanos, en Derecho Internacional Humanitario, en conflicto y procesos de paz. Las inhabilidades que estableció el Congreso, con todo respeto, son absurdas. Pero la JEP tiene un capítulo de impedimentos y recusaciones, como en cualquier espacio donde se administra justicia.

La JEP debe definir si la sanción para exjefes de las Farc es incompatible con sus tarea como congresistas. ¿Qué se proyecta?

Se aplicará de manera estricta la norma, que supone administrar justicia restaurativa con vocación de aporte a la reconciliación.

¿Los procesos de la JEP serán abiertos?

Las audiencias serán públicas. Se van a garantizar los espacios para las víctimas, y desde luego, para la ciudadanía y los medios de comunicación. Cada audiencia será debidamente informada.

¿Qué les dice a quienes desconfían de la JEP?

Una guerra de 50 años genera desconfianza, pero vamos a garantizar seguridad jurídica. Las víctimas nos están brindando su confianza y no las vamos a defraudar.

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