Así se organizó el Tribunal para la Paz

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) empezó con celeridad. Los magistrados del Tribunal para la Paz ya seleccionaron a los magistrados que serán los encargados de cada una de las secciones que juzgarán a quienes estuvieron involucrados en medio siglo de conflicto. La distribución se realizó con base en los criterios de sele. cción que tuvo en cuenta el Comité de Selección. Sin embargo, aún faltan por posesionarse cinco magistrados.

La Sección de Primera Instancia en Caso de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad, estará conformada por Rodolfo Arango Rivadeneira, la representante de las comunidades indígenas Ana Manuela Ochoa, Camilo Suárez y Roberto Vidal. A este grupo le harían falta dos personas y será el encargado de revisar e imponer las sanciones ante quienes acepten sus responsabilidades en la JEP.

El segundo grupo, que se encargará de juzgar a quienes no acepten su responsabilidad y que adelantará los juicios por los hechos más atroces durante el conflicto estará conformado por Gustavo Adolfo Salazar, María del Pilar Valencia, Reinere de los Ángeles Jaramillo, Alejandro Ramelli y Raúl Eduardo Sánchez. Sin embargo, aún falta un magistrado que complete el grupo de la Sección de Primera Instancia para casos de ausencia de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad.

En la Sección de Revisión de Sentencias estarán los magistrados Caterina Heyck, Claudia López, Adolfo Murillo y Gloria Amparo Rodríguez. A ese grupo le faltarían dos magistrados que aún no se han posesionado. Y finalmente, en la Sección de Apelación estarán Sandra Gambia y la presidenta de la JEP, Patricia Linares. Junto a ellas trabajarán otros cuatro magistrados que faltan por aceptar el cargo formalmente.

Los magistrados que aún faltan por posesionarse son Jesús Ángel Bobadilla, Eduardo Cifuentes, Zoraida Chalela, Yesid Reyes y Danilo Rojas, quienes están presentando sus renuncias formalmente ante otros tribunales de la Rama Judicial y están esperando que la Corte Constitucional se pronuncie ante las inhabilidades que impuso el Congreso a los magistrados de la JEP.

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