"La Farc reclama que se aceleren procesos para excarcelar a 582 exguerrilleros. El Gobierno dice que son 195 y que es necesario corroborar datos."

A continuación, se realiza una transcripción de la noticia publicada por El Colombiano. Todo el texto y las imágenes fueron tomadas de su página web.

Los enredos para dar libertad a los presos políticos

PUBLICADO EL 25 DE ENERO DE 2018

Por OLGA PATRICIA RENDÓN M.

Más de un año después de que el Congreso legislara sobre la Ley de Amnistía e Indulto, que es la herramienta jurídica del Acuerdo de Paz que permite la excarcelación de todos los miembros de las Farc para que se sometan a la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, muchos no han salido de las prisiones y los reclamos del ahora partido político son reiterados por los incumplimientos.

Según el Gobierno Nacional 195 exguerrilleros no se han beneficiado de la amnistía ni el indulto, lo que representa al 6,5 % de los 3.041 detenidos reportados por la guerrilla y certificados por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz. Contrario a estas cifras la Farc asegura que son 582.

La diferencia, en buena medida se da por la fecha hasta la cual el Gobierno debe recibir las listas de la Farc con los nombres de quienes deben recuperar la libertad. El Acuerdo firmado entre el Gobierno y las Farc en el Teatro Colón, el 24 de noviembre de 2015, dice que los listados “podrán presentarse hasta que se haya terminado de examinar por la Sala de Amnistía e Indulto de la JEP la situación legal de todos los integrantes de las Farc”

A juicio de Jhon León, asesor de la Farc, “el Gobierno ubica sus cifras desde el 15 de agosto de 2016, fecha que unilateralmente determinó como plazo para la entrega de los listados por parte de las Farc, mientras la guerrilla sigue creando sus listados, porque no los va a dejar por fuera”.

El Gobierno temía que un plazo prolongado en el tiempo, como contempla el Acuerdo, permitiera el ingreso de colados y la inclusión de exguerrilleros que continuaran delinquiendo. Por eso, el alto comisionado para la Paz, Rodrigo Rivera, y su antecesor Sergio Jaramillo, requirieron los listados e hicieron un análisis juicioso de cada caso, sacaron a quienes no cumplían los requisitos y certificaron a quienes sí lo hacían.

Sin embargo, León explicó que es un reto enorme para la insurgencia crear un censo verídico de sus presos políticos después de 50 años de conflicto, teniendo en cuenta que hay personas detenidas desde hace más de 20 años, distribuidas en casi todas las prisiones del país. Con el agravante de que varios de los comandantes han muerto y no hay quien los relacione con las Farc y, a algunos, los han movido varias veces de cárceles.

EL COLOMBIANO le consultó al ministro de Justicia, Enrique Gil Botero, el por qué en la demora del trámite a lo que contestó que los beneficios jurídicos están en cabeza de diferentes autoridades judiciales así que “dar respuesta a esta pregunta implicaría analizar las problemáticas propias de cada caso concreto, cada uno de los cuales merece un análisis detallado por parte de la autoridad competente, la cual está sujeta a lo establecido en las leyes y decretos”.

Los de Justicia y Paz

Hay otro sector, rechazado por la Farc que también busca cabida en las JEP. Son los 500 exguerrilleros que desde 2008 se venían postulando a Justicia y Paz y que se desmovilizaron antes de que la guerrilla dejara las armas. Algunos de ellos no han podido salir de la cárcel porque ni siquiera fueron reseñados en los listados entregados.

“Nosotros para ellos somos unos traidores, entonces no nos relacionaron como miembros de la guerrilla, nos negaron todos los beneficios, tenemos que estar certificados por la dirección general del partido, hemos acudido a la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, fuimos a reunirnos con Néstor Raúl Correa (secretario de la JEP) y con sus asesores jurídicos, ellos dicen que nosotros no tenemos derecho a nada”, señaló Nelson Sandoval, exguerrillero que se desmovilizó en 2010 cuando estaba en prisión.

Aunque ya cumplió su pena quiere postularse a la JEP porque si “algún compañero canta delitos que haya cometido conmigo me vuelven a echar a la cárcel”, aclaró. Sin embargo, no lo han aceptado, y varios de sus compañeros de cárcel siguen presos.

El motivo por el cual la Farc no quiere incluirlos en sus listas es que al haber renunciado a la guerrilla y conocer como pocos el accionar de este grupo cuando estuvo en armas, pueden ventilar delitos y actuaciones que a este naciente partido político no le interesa que salgan a flote.

Así lo reveló en febrero de 2016 EL COLOMBIANO, en un artículo que el que señalaba que quienes venían de Justicia y Paz declararon en contra de sus comandantes. Gracias a esos testimonios, la Fiscalía General de la Nación pudo determinar la sistematicidad de las Farc en el reclutamiento infantil, la política de aborto forzoso, negocios de drogas ilícitas, entre otros delitos.

De acuerdo con la ley estatutaria de la JEP, estos casos pasarían a la nueva jurisdicción, pero la norma está todavía en revisión de la Corte Constitucional.

Las trabas

La ley de amnistía desarrolló tres mecanismos de excarcelación para los reclusos acusados de pertenecer o colaborar con la insurgencia, previamente reconocidos en los listados entregados por las Farc al Gobierno: el primero es la cesación o preclusión del procedimiento penal para los delitos políticos o conexos, ellos saldrían bajo la figura jurídica de Amnistía de iure. El segundo, es la libertad condicionada para aquellas personas cuyos delitos no son políticos y han permanecido privados de la libertad por cinco o más años. El tercero, es la de traslado a zonas veredales para quienes, estando privados de la libertad por delitos no amnistiables (como lo plantea el Estatuto de Roma), llevan detenidos por un tiempo menor a 5 años (ver Gráfico).

La Corporación Solidaridad Jurídica, una ONG dedicada a defender los derechos de los prisioneros políticos en Colombia, explicó que “dicha Ley fue concebida y estructurada como un proceso que debió implementarse de oficio, en particular para la amnistía de iure, y que debía ser resuelta favorablemente por las autoridades judiciales a los 10 días siguientes de la solicitud”, sin embargo, en más de un año no ha funcionado así.

“Las peticiones elevadas para los otros beneficios, contemplados en la Ley 1820, fueron negadas en su mayoría bajo el pretexto del desconocimiento generalizado de los operadores judiciales”, advirtió la Corporación.

Para solucionar esos inconvenientes el Gobierno adoptó varias normas que buscaban agilizar los procesos (ver Cronología), pero no fueron suficientes.

La Coalición Larga Vida a las Mariposas, en la que convergen varias organizaciones que trabajan por los prisioneros políticos, dijo que identificó “una grave omisión de la ley y barreras de acceso a la justicia por parte de jueces y fiscales, como la ausencia de voluntad y negligencia para conceder los beneficios e inaplicabilidad del principio de favorabilidad”.

Sin embargo, el ministro Gil Botero aseguró que las autoridades judiciales se están comportando conforme a la ley, cumpliendo la reglamentación adelantada desde el Gobierno y reivindicó la intención del Ejecutivo de cumplirle a las Farc.

Consulte la publicación original de la noticia: http://www.elcolombiano.com/colombia/paz-y-derechos-humanos/los-enredos-para-dar-libertad-a-los-presos-politicos-YB8065076